Lcdo. Rafael Hernández Colón
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Lcdo. Rafael Hernández Colón ex gobernador de Puerto Rico |
Formación académica
Cursó estudios primarios y secundarios en la Escuela Rafael Pujals y en el Colegio Ponceño de Varones en Ponce.
En 1953 obtuvo el diploma de Escuela Superior en Valley Forge Military Academy, en Wayne, Pennsylvania, Estados Unidos.
Ingresó a Johns Hopkins University, en Baltimore, Maryland, graduándose con honores en 1956 con el grado de Bachillerato en Artes en Ciencias Políticas. En esta institución recibió el Premio Julius Turner por la mejor tesis de Ciencias Políticas y fue elegido como miembro de la sociedad académica de honor Phi Beta Kappa, la más antigua y prestigiosa de los Estados Unidos.
Obtuvo el grado de Licenciado en Derecho, Valedictorian, Magna Cum Laude, en 1959 en la Escuela de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Recibió premios como mejor estudiante de Derecho por el Colegio de Abogados y por la West Publishing Company. Fue editor de la Revista Jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
En 1959 ingresó como miembro del Colegio de Abogados de Puerto Rico y comenzó a postular en los Tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en el sistema federal de los Estados Unidos de América.
Del 1961 al 1965 y del 1994 al 2009 se desempeñó como Profesor de Derecho Procesal Civil en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En 1969 publicó la primera edición del libro de texto Derecho Procesal Civil, presentando su 5ta edición en el 2010.
Matrimonio y familia
El 24 de octubre de 1959 contrajo matrimonio con Lila Mayoral Wirshing. Son sus hijos Rafael, José Alfredo, Dora Mercedes y Juan Eugenio. Lila falleció el 7 de enero de 2003.
Comienzos en el servicio público
Inició sus actividades políticas y administrativas en el 1960 como Comisionado Asociado de la Comisión de Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Fue nombrado Secretario de Justicia en el 1965 por el Gobernador Roberto Sánchez Vilella.
En el 1968 fue electo Senador por el PPD. Desde 1968 hasta 1977 fue miembro del Comité Nacional del Partido Demócrata de los Estados Unidos. En enero de 1969 fue electo Presidente del Senado y en diciembre del mismo año Presidente del Partido Popular Democrático.
Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Fue electo Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por primera vez en el 1972.
Fue reelecto a un segundo término en noviembre del 1984 y a un tercer periodo en 1988.
La orientación política y legislativa de sus administraciones se destacó por el serio esfuerzo realizado por mejorar el status político del país, desarrollando estrategias para lograr a un mayor grado de autonomía.
Logró del establecimiento de la Sección 936 al Código de Rentas Internas de Estados Unidos para fomentar el desarrollo industrial de Puerto Rico ofreciendo incentivos contributivos a industrias que se establecieran en la isla. Sus efectos al desarrollo económico del país han sido altamente visibles, sobre todo en el área de las farmacéuticas.
La adquisición de la red telefónica por el Gobierno y la modernización de este servicio en el país, así como la también adquisición por el Gobierno de la red de transporte marítimo para estabilizar los fletes marítimos en Puerto Rico demuestran el alcance de la autonomía fiscal con que cuenta el país.
Estableció reformas significativas en lo educativo, jurídico, contributivo y municipal; fomentó la participación democrática del pueblo en los asuntos políticos del país y creó vías para afirmar la identidad cultural puertorriqueña, dando primacía al establecimiento por ley del español como idioma oficial de Puerto Rico.
Junto al Presidente Richard M. Nixon nombró el Comité Ad Hoc para el Desarrollo del ELA en 1973 y participó en la redacción del Pacto de Unión Permanente entre Puerto Rico y Estados Unidos, conocido como El Nuevo Pacto, en 1975. En 1979 desarrolló un plan estratégico para el desarrollo integral de Puerto Rico llamado La Nueva Tesis.
La descentralización en el Gobierno de Puerto Rico fue parte integral de su política pública, culminando con la Ley de Municipios Autónomos de 1991, que hizo posible investir en la ciudadanía local parte del poder administrativo sobre sus asuntos.